De todos los atropellos, arbitrariedades y abusos perpetrados por el PP en el año que lleva gobernando, ninguno ha sido tan feroz, antidemocrático y desvergonzado como el que ha promovido la introducción de unas nuevas tasas judiciales injustificadas, desproporcionadas e inconstitucionales que encarecen la justicia en un momento en que la crisis económica y los recortes en los sueldos de las familias agudizan los dramas humanos e impiden pagar cantidades suplementarias a las que ya de por sí conlleva un procedimiento judicial al que no se acude por capricho.
Después de aprobada la ley, Gallardón en un intento imposible de intentar acallar el clamor unánime que ha despertado esta norma se ha descolgado con una “generosidad” difícil de calificar, dada su propia personalidad, al anunciar que se eximirá de la tasa a las víctimas de la violencia machista.
El todavía ministro de justicia no ha engañado a nadie, ni siquiera a sí mismo, y el golpe de efecto que esperaba conseguir, se ha diluido rápidamente como un azucarillo en un vaso de agua.
Este anuncio oportunista y sesgado, no dice que las mujeres víctimas de violencia que no tengan hijos, o que sí los tengan pero sean ya mayores de edad, si quieren divorciarse de su agresor, sí tendrán que pagar la denostada e injusta tasa. Es decir, la mujer que víctima o no de violencia pretenda romper los últimos lazos que la unan con el que fue su pareja, tendrá que abonar esta nueva carga que impone este Gobierno desnaturalizado.
El parche anunciado por Gallardón no resuelve ni de lejos el problema de fondo, de falta de igualdad de los ciudadanos ante la justicia que plantea la ley de tasas, ni siquiera para el colectivo de mujeres maltratadas, las cuales también tendrán que pagar la tasa si lo que pretenden es romper definitivamente los lazos que aún las unen a sus maltratadores. ¿Cómo van las mujeres a defender a sus hijos si al perder los ingresos por la separación no van a poder reclamar judicialmente los bienes que les pertenecen?
La nueva cuantía de los procesos judiciales coartará a las mujeres a interponer una demanda ante la justicia, las tasas no afectan a los procedimientos penales, pero sí a los civiles como liquidación de la sociedad de gananciales, reclamación del uso del domicilio familiar, pensión compensatoria………. Solo se deja exento los procesos en los que solo se pide la custodia de los hijos, pero esto no es suficiente cuando estamos ante una situación de ruptura.
Cada vez menos mujeres solicitarán el amparo de los Tribunales, solo escuchar la palabra tasa, ya provoca rechazo. Si a todas las razones que ya existen, se les suma ahora el impacto económico de las tasas judiciales ¿dónde va a quedar la protección a las mujeres
Mª Angeles García Llorente
Coordinadora del Area de la Mujer