COMUNICADO DE ALA (Asociación Libre de Abogados) a raíz de los incidentes ocurridos el día de las elecciones a Decano/a del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) celebradas el pasado 18 de diciembre de 2012
Quienes lleven tiempo colegiados o siguiendo, de algún modo, la actividad colegial, nos recordarán –con distintas caras, porque el tiempo pasa- por nuestras intervenciones en favor de la democratización del Colegio, por nuestras denuncias de las irregularidades cometidas por las distintas Juntas de Gobierno del ICAM y por nuestra defensa, también en la calle, de los derechos fundamentales. Lo hemos hecho siempre en nombre de ALA, para que nuestros compañeros/as sepan que nuestras actuaciones y propuestas no son de un colegiado/a particular, sino de la Asociación. Una Asociación de abogadas y abogados, libre e independiente de cualquier interés que no sea sino el del compromiso de defender el derecho de defensa y los derechos de los ciudadanos y ciudadanas en el marco de las garantías legales que establece nuestro Estado de Derecho
No nos gustan las trampas. Y cuando tenemos conocimiento de las mismas, las denunciamos. Lo llevamos haciendo 23 años.
A lo largo de la campaña electoral, hemos denunciado las irregularidades que entendíamos que estaban cometiendo otras candidaturas. De este modo, desde el primer momento denunciamos, ante la Comisión Electoral, que la candidatura de Sonia Gumpert había empezado a hacer campaña electoral y a pedir el voto antes de que se proclamaran las candidaturas.
También interpusimos una demanda ante la jurisdicción Contencioso Administrativa por vulneración de derechos fundamentales, ya que no se nos permitió que en las papeletas electorales constase el nombre de nuestra Asociación, “ALA”. Entendemos que esto vulnera el derecho fundamental de Asociación y que no hay ninguna norma electoral o colegial que impida el libre ejercicio de este derecho dentro del Colegio. Por este motivo, impugnamos ya entonces el proceso electoral en marcha y pedimos la suspensión cautelar del mismo, no habiendo accedido a ello el Juzgado pertinente.
También denunciamos, de forma conjunta con las candidaturas de Josefa García Lorente y Miguel Urrutia, la cena organizada por el Grupo de Abogados Jóvenes (GAJ), un grupo que pese a pertenecer al ICAM y financiarse con una partida presupuestaria del mismo, organizó una cena-debate a la que solo fueron invitadas tres candidaturas seleccionadas por él (las encabezadas por Hernández Gil, Cremades y Pelaez), previo pago de 700 euros por cada una de ellas. Esta denuncia terminó con una resolución de la Comisión Electoral, en la que se condenó expresamente esta práctica, pero que no se hizo llegar a los colegiados
En esta línea, el día de elecciones también realizamos reiteradas denuncias ante la Comisión Electoral con motivo de las irregularidades que fuimos observando a lo largo de toda la jornada.
De este modo, denunciamos a la Comisión electoral que el Sr. Cremades, a las 10 de la mañana del citado día, realizó una entrevista en Antena 3 en la que habló de su candidatura, siendo presentado como el probable futuro Decano del Colegio.
También denunciamos, en dos ocasiones, ante la Comisión electoral, que los interventores de la Sra. Gumpert transferían en tiempo real, a través de sus ordenadores, los datos de los votantes de sus respectivas mesas a miembros, colaboradores o voluntarios afines a esta candidatura. Candidatura que había instalado una “oficina electoral” con, al menos, ocho personas, ordenadores, móviles etc., en la propia sala de votación hasta que, a nuestra instancia, la Comisión electoral les ordenó desmontarla, siendo este el detonante de los posteriores incidentes. Esta misma denuncia fue comunicada a los Presidentes de las distintas mesas electorales, que fueron testigos de este trasiego de información, llegando incluso alguno de ellos a expulsar de su respectiva mesa electoral a algún interventor de la candidatura de Gumpert ya que, ilegalmente, ésta había designado dos interventores por cada mesa en lugar de uno, que era lo permitido. Esa información así obtenida era utilizada para llamar por teléfono a aquellos abogados/as que todavía no habían ejercido su derecho al voto, invitándoles a que vinieran a votar, ofreciéndoles para ello taxis o medios de transporte privados. Esta práctica, propia de la España caciquil del siglo XIX pero con el uso de tecnología del siglo XXI, nos parece gravísima, en tanto que vulnera el secreto del voto y es un fraude electoral.
Además, tenemos en nuestro poder documentación y testimonios de muchos colegiados/as que fueron llamados ese día por personas que se identificaban como integrantes de la candidatura de Sonia Gumpert para que acudieran a votar facilitándoles los medios antes referidos. Muchas de esas llamadas se realizaron desde el teléfono de la editorial Economist and Jurist o desde la sede social del ISDE, Escuela de Práctica Jurídica. Ambas entidades han financiado la campaña de la Sra. Gumpert, dado el gran interés que han mostrado por hacerse con el control del Colegio de Abogados de Madrid, con la finalidad de obtener importantes beneficios económicos con el Master de acceso a la profesión y el centro de estudios del ICAM. No en vano, el ISDE es, junto con el Colegio de Abogados y la Universidad Carlos III de Madrid, el primer instituto privado que ha impartido este Master y su director, Juan José Sánchez Puig, miembro de la candidatura de Sonia Gumpert, se ha reunido recientemente con el Ministro de Justicia para hablar de la marcha y los contenidos del referido Master. No sólo se obtuvieron fraudulentamente datos personales de colegiados sino que, además, fueron transferidos a grupos editoriales y centros de formación.
En la lucha por el poder no vale todo. Los grandes despachos y grupos empresariales y económicos, que están representados en las candidaturas de Antonio Hernández Gil, Javier Cremades y Sonia Gumpert, no pueden utilizar de forma tan obscena mecanismos irregulares como los descritos para hacerse con el control del Colegio. El problema no es “la mala imagen de la profesión que se está dando a la ciudadanía con este espectáculo lamentable”, como se pretende hacer creer por medio de ciertas declaraciones institucionales, sino desenmascarar esas prácticas, éticamente tan reprochables y legalmente tan cuestionables, que llevan a cabo las personas y los centros de poder económico y empresarial referidos, que aunque se alternan en el uso del poder del Colegio, representan, sin embargo, todos ellos los mismos intereses: anteponer a la defensa de la justicia, los derechos de los ciudadanos, la profesión y el turno de oficio como servicio público digno y de calidad, su interés particular por ejercer el control del Colegio de Abogados, dada la red de influencias y relaciones políticas y sociales que ello les proporciona.
Nuestro interés con esta denuncia no es otro que desenmascarar estas prácticas irregulares y defender la legalidad vigente. No somos “malos perdedores”, porque nuestra vocación no es ocupar el poder por el mero hecho de ostentarlo, sino transformarlo para que sea verdaderamente democrático y transparente. Nos avala nuestra trayectoria de oposición, denunciando estas y otras prácticas llevadas a cabo por quienes gobiernan nuestra profesión. Es lo que hemos venido haciendo durante los últimos 23 años, y es lo que vamos a seguir haciendo en adelante, sea cual sea el resultado de este proceso electoral, mientras existan razones para ello.